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Hace días, en medio de las convulsiones y amenazas contra la principal empresa productora y procesadora de alimentos venezolana: Empresas Polar, nos encontramos con la fatal noticia de la localización de toneladas de comida vencida, a lo largo y ancho del país. Son múltiples los elementos a reflexionar y que nos reproducen la realidad del Gobierno y su visión: en principio, estamos ante uno de los casos de corrupción más repugnantes que hemos presenciado, por una parte, debido a la cantidad de mercancía localizada y además por el rubro del que se trata. En Venezuela, miles y miles de familias se acuestan a dormir con una sola comida en el estómago, por lo tanto, dejar descomponer alimentos en sus contenedores no puede ser considerado más que una acción criminal. Además, independientemente de tecnicismos químicos sobre los términos vencer o podrir, o sobre las proporciones numéricas, comida dañada es comida dañada, alimentos que podrían ser distribuidos entre la población y paliar un poco este flagelo que nos aborda.
Por si este escándalo fuera poco, el Gobierno nacional no hace otra cosa que ratificar en su cargo a los representantes de las empresas estatales responsables de tal grosería, confirmándonos que sus propias obsesiones de poder se superponen a los intereses del pueblo. Hablar de intereses del pueblo no sólo se limita a suplir las necesidades primarias de éste, sino asumir responsabilidades y solventarlas castigando a los culpables de tales errores. El Gobierno no puede comportarse como el muchacho guapo y apoyado que con su gran billetera resuelve, o intenta, resolver todo. Más allá de importar comida, debe también velar porque estos alimentos lleguen a su destino final en las condiciones sanitarias adecuadas; y de no ser así, demuestre seriedad en la asignación de responsabilidades. Por si esto fuera poco, la promoción de la industria alimenticia nacional parece no ser un punto en la agenda del gobierno, pero sí el uso abusivo del poder como instrumento de venganza política que se antepone a cualquier trabajo efectivo por los ciudadanos. Un gobernante no es más que un servidor público, con un poder entregado por el pueblo para ser usado en beneficio de éste. Pretender usarlo con otros fines y servirse a sí mismo y a sus cercanos colaboradores deslegitima a cualquier Gobierno, así se haga llamar revolucionario.
