El ministro de Planificación Jorge Giordani anunció este jueves 21 de octubre (de manera sorpresiva) el Presupuesto de la nación para el año 2011. Una vez más nos enfrentamos al dilema acerca de los escasos recursos que se pretenden destinar a las regiones.
La alocución del ministro Giordani, especializada y colmada de términos inentendibles para el pueblo, con lo que intentó convencer acerca de las bondades económicas del manejo de los recursos del Estado por parte de la gestión del Presidente Chávez, nos producen ciertas reflexiones que aquí compartimos:
En primer lugar, si tan seguros están quienes detentan el poder en el Ejecutivo Nacional, acerca del manejo de los recursos de todos los venezolanos, deberían permitir la participación activa de la ciudadanía en todos los procesos de formulación del Presupuesto, incluyendo la contraloría social y la evaluación de los resultados derivados posteriores al ejercicio del mismo.
Más allá de conocer cuánto dinero se ha invertido en educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, tenemos derecho a saber efectivamente si ese gasto se realizó de manera racional y también debe ser transparente para los ciudadanos los efectos en nuestra calidad de vida que esa cuantía de recursos puede tener.La contraloría social no debió quedarse en un eslogan, pedimos ejercer nuestro derecho al acceso a la información pública, sin obstáculos, para efectivamente palpar si lo que nuestros ministros y el mismísimo Presidente afirman es confirmado.
En ese orden, no convence que se presente como notable el incremento del presupuesto destinado a gobernaciones y alcaldías en 20% cuando se está calculando el precio del barril de petróleo a 40 dólares (desde 2008 se mantiene este cálculo, manejándose discrecionalmente por el Ejecutivo el excedente por este concepto); así mismo, si la inflación se calcula en 22% ¿cómo se entregan a las regiones 20% más? ¿A eso se le denomina avance?
Efectivamente, sería mucho más sensato, permitir a gobernaciones y alcaldías hacer su trabajo de manera constitucional y sin trabas, sincerar los recursos y otorgar lo adecuado, permitiría, en el caso del estado Miranda seguir reivindicando los derechos educativos, de salud, y las mejoras sustanciales que nuestro estado necesita para seguir progresando.Desde ya, los representantes de los mirandinos nos encontramos abocados a exigir un presupuesto justo para nuestro estado.
